Uruapan, Michoacán, a 15 de septiembre de 2017.-La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas relacionadas en el secuestro y homicidio de una empresaria, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 8 de septiembre.
Con los elementos de prueba recabados, el Fiscal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro formuló imputación en contra Celeste P., y Juan Carlos C., de 34 y 22 años de edad, respectivamente.
De acuerdo a datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, el pasado 1 de septiembre privaron de la libertad a la víctima en esta ciudad de Uruapan y luego le dieron muerte.
Durante el desarrollo de las indagatorias se estableció que el día de los hechos la víctima subió a un vehículo junto con los imputados, con quienes tenía una relación de amistad; sin embargo, en la unidad comenzaron a golpearla y luego la llevaron hasta el domicilio de Juan Carlos, donde la privaron de la vida asfixiándola.
Posteriormente trasladaron el cuerpo hasta una brecha que se localiza en el tramo carretero Ziraspén-Ortigal en el municipio de Ziracuaretiro, sitio donde fue localizado el 8 de septiembre.
De igual forma, se determinó que durante los días en que se desconocía el paradero de la afectada, los ahora detenidos se comunicaron con los familiares de ésta y les indicaron que tenían privada de la libertad a la víctima, por lo que se tenían que preparar.
Una vez que los hechos fueron del conocimiento de la UECS, se realizaron las investigaciones correspondientes lográndose encontrar indicios que hicieron suponer la posible participación de los imputados en el ilícito.
Con los elementos de prueba obtenidos, se solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de los imputados por parte del órgano jurisdiccional y, mediante una acción operativa, éstos fueron localizados y detenidos por los agentes ministeriales.
Los ahora detenidos fueron presentados ante el Juez de Control que luego de valorar los datos de prueba aportados por la UECS, resolvió vincularlos a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa, así como un plazo de cinco meses de investigación complementaria para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos.
La PGJE refrenda su compromiso de investigar todo acto ilícito cometido en agravio de las michoacanas; no habrá impunidad.
