Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí.
Me acompañan en esta conferencia de prensa los secretarios de Gobierno, el Ing. Pascual Sigala Páez; de Educación, el Maestro Alberto Frutis Solís, y de Finanzas y Administración, Lic. Carlos Maldonado Mendoza.
El motivo de esta convocatoria es para darles a conocer que, después de un análisis profundo y serio de los resultados obtenidos en el estado de Michoacán, derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica signado en 1992, así como del Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas suscrito en el año 2014, del cual derivó la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el Gobierno de Michoacán, que yo encabezo, ha tomado la determinación de interpelar extrajudicialmente ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, y dar por terminado los referidos convenios en un plazo de 30 días, contados a partir de hoy en que fueron ingresadas las respectivas notificaciones ante las instancias competentes, terminación que incluye el reintegro al Gobierno federal de los servicios de educación básica federales, así como los de fuente de financiamiento estatal.
Lo anterior, debido a que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, impuestas de manera unilateral por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo.
Es decir, hemos notificado al Gobierno Federal de la decisión del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, de dar por concluida la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica celebrado con fecha 18 de mayo de 1992, y el Convenio que en materia de educación se suscribió con fecha del 15 de diciembre de 2014.
En consecuencia, estamos solicitando que se designen representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, con el fin de acordar el método y mecanismos para que, en el término de 30 días, se realice el proceso de entrega-recepción formal de los servicios de educación básica y normal que operan en el estado de Michoacán, tanto federales transferidos como los de financiamiento estatal, a la Secretaría de Educación Pública.
Asímismo, y con la intención institucional de que se continúen prestando los servicios de educación básica y normal en orden y sin interrupción alguna en el Estado, hemos pedido que se designe a un responsable del sistema de educación básica y normal en el estado de Michoacán, en tanto se concluyen los acuerdos y procedimientos de entrega-recepción a la Federación, de los ya mencionados servicios educativos.
Queremos decirles con toda responsabilidad, que la interpelación que hace el Gobierno de Michoacán está debidamente fundada en las leyes vigentes, y sustentada en información exhaustiva y detallada que hemos integrado en los anexos de la notificación respecto a diversos incumplimientos de la Federación, que originaron un grave daño a las finanzas públicas estatales y que hacen imposible al Estado de Michoacán continuar con el financiamiento del sistema de educación básica y normal.
Que quede claro: no estamos renunciando a la responsabilidad social del Poder Ejecutivo del Estado con la educación, pues la política educativa es única y exclusivamente responsabilidad federal, y los estados y los municipios somos concurrentes.
En el Gobierno de Michoacán asumimos nuestra responsabilidad de la concurrencia, pero en un nuevo esquema de entendimiento, en un nuevo acuerdo; en una nueva relación Federación-Estado para atender una necesidad básica que es la educación.
En tanto eso no se resuelve, y frente a la imposibilidad financiera de mi gobierno para seguir trabajando bajo el mismo esquema, estamos solicitando que el Gobierno federal se haga cargo de las necesidades financieras del sector educativo de Michoacán.
**
¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Estado de Michoacán ha llegado a esta circunstancia en el sector educativo? Les explico:
En Michoacán existen 11 mil planteles educativos, 4 mil 685 de sostenimiento federal y 6 mil 315 con sostenimiento estatal, que atienden a un millón 358 mil alumnos.
De las plazas laborales existentes, 50 mil 944 son federales, que representan el 63 por ciento del total, y 29 mil 267 estatales, que equivalen al 37 por ciento; éstas últimas, representan para el Gobierno del Estado un costo anual en nómina de 6 mil 764 millones de pesos.
Adicional al costo de la nómina salarial, los trabajadores estatales perciben 23 bonos durante el año, con un costo global de mil 21 millones de pesos.
Dicho esto, en 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En ese momento la aportación estatal en educación representaba el 9.6% y el de la federación el 90.4%.
Los principales compromisos del acuerdo eran para mejorar la calidad educativa, y la federación se comprometía a:
a) Transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal tuviera condiciones de elevar la calidad y ampliar la cobertura, y el estado se hacía cargo de los planteles educativos
b) Fortalecer el sistema educativo
c) Otorgar cada año al estado los recursos necesarios para el financiamiento del sistema educativo, y por su parte el estado, de acuerdo a su capacidad financiera, aportaría al mismo fin
Sin embargo, en el transcurso de los siguientes años la aportación estatal se incrementó y la federal disminuyó. En el año 2012 la participación estatal subió a un 36.59 % y la federal bajó 63.41%.
Es decir, en 14 años la participación estatal en educación se incrementó en un 55% respecto a 1992, lo que fue generando un enorme boquete en las finanzas del estado y un creciente déficit acumulado para el pago de la nómina magisterial.
Otro ejemplo: en el año 2000 la participación estatal era de mil 131 millones de pesos y la federal de 5 mil 246 millones. Para el 2012, la participación estatal fue de 6 mil 410 millones, y la federal de 11 mil 106 millones de pesos.
La causa del incremento se debió principalmente a la doble revisión salarial, que obligó al estado con sus propios recursos a cubrir los incrementos pactados a nivel central, y la revisión estatal que dio lugar a prestaciones adicionales extensivas a su vez a los federales.
Quiero decirles que tan sólo del 2008 al 2013, Michoacán ha dejado de recibir alrededor de 4 mil 180 millones de pesos derivado de la reforma la Ley de Coordinación Fiscal, que en 2008 modificó la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones de la Educación Básica, y por la expedición del Acuerdo Nacional para el programa de Carrera Magisterial, lo que ha obligado al estado a cubrir esos compromisos con recursos propios.
Aunado a eso, a partir de 1995 los gobiernos estatales en turno, en su búsqueda por lograr una gobernabilidad y estabilidad política, firmaron compromisos adicionales a la negociación salarial nacional en documentos denominados minutas, en donde se consignaba la creación de nuevas plazas, bonos, prestaciones y programas sindicales sin respaldo presupuestal.
En especial en el rubro de bonos se establecieron compromisos por el orden de mil 21 millones de pesos adicionales a la carga regular del costo de nómina, insisto, sin tener el soporte financiero.
Solamente en los primeros tres años de mi gobierno, hemos pagado al magisterio más de 2 mil 500 millones de pesos por concepto de bonos, adicionales a su salario.
A eso hay que agregar, que en el año del 2007 se promulgó el Acuerdo por la Calidad en la Educación (ACE) a nivel federal. Michoacán, por presiones gremiales no firmó el Acuerdo.
A partir de ahí, los recursos humanos destinados para cubrir las necesidades en las escuelas no se otorgaron en la cantidad requerida, por lo que el estado tuvo que crear plazas y el resultado fue que la plantilla creció hasta los 32 mil trabajadores estatales en el año 2015.
Otro factor fue el otorgamiento de plazas automáticas a normalistas, a partir de la constante presión gremial, lo que incrementó sustancialmente la plantilla estatal de maestros ante la negativa de evaluarse, y por ello la Federación no otorgó plazas nuevas para cubrir las necesidades.
Para el año 2014, el Gobierno Federal promueve la centralización de la nómina educativa, prevista en la nueva Ley de Coordinación Fiscal por medio de un convenio de conclusión del proceso de conciliación de plazas transferidas y montos de las remuneraciones correspondientes.
La consecuencia de esta mala conciliación fue que la Federación no reconoció las plazas estales y prestaciones autorizadas en la vigencia del Acuerdo por la Modernización de la Educación Básica de 1992, aceptandode manera equívoca únicamente las plazas con sostenimiento federal.
Un ejemplo de ello son las 2 mil 710 plazas de telesecundaria y de personal administrativo que pertenecen a la educación básica y no fueron reconocidas, creando un compromiso económico para el estado de más de mil 100 millones de pesos.
Es importante destacar también, que al crearse el FONE, la Federación administra la nómina federal educativa, incluidas las economías que en años anteriores al 2014 el estado usaba para financiar parte del déficit de la nómina estatal, recursos con los que hoy en día el estado no cuenta con ellos.
Dichas economías la Federación las integra a una partida del ramo 11 llamada U080. Con este fondo, cada año la Federación apoya para los cierres de ejercicios presupuestales a las entidades, reconociendo con ello la necesidad de recursos adicionales para la educación, sin embargo no son regularizables, lo que produce inestabilidad al estado y en consecuencia presión constante del gremio magisterial en el último trimestre de cada año.
Del año 2014 al 2018, la Federación otorgó a Michoacán 9 mil 25 millones de pesos en apoyos por convenios de la partida U080, es decir, aproximadamente 2 mil millones cada año.
Recordemos además, que en el año 2014 se promulga la Ley General del Servicio profesional Docente, lo que permitió frenar el otorgamiento de plazas automáticas.
Sin embargo, actualmente la Federación tiene congeladas mil 130 plazas de jornada y 189 de jornadas de tres cuartos de tiempo, lo que representa 550 millones de pesos anuales en economías, que no retornan al Estado.
**
Todo este conjunto de factores son los que han arrastrado a Michoacán a graves problemas de insolvencia para hacer frente a los compromisos salariales con el magisterio, al grado de que en este momento no se cuenta con recursos para el pago de la nómina, prestaciones y otros conceptos del mes de diciembre por un monto de más de 2 mil millones de pesos.
Aunado a eso, actualmente se adeudan bonos vencidos del año 2017 y 2018 por un monto de 620 millones de pesos; se tienen pendiente de pago 8 bonos, 3 prestaciones por un monto de 872 millones de pesos, pago de homologados por 81 millones de pesos y 120 millones de pesos para el pago de 2 mil 20 interinatos a normalistas.
Mientras exista este problema estructural para el financiamiento de educación, el desarrollo del estado será nulo, ya que no se tienen recursos para impulsar el crecimiento económico, atención a la infraestructura básica y a la población en situación de vulnerabilidad.
¿Qué se requiere?
1. Regularizar un apoyo extraordinario anual por 2 mil 500 millones de pesos, que a través de los años el Gobierno Federal ha otorgado al estado por gestiones del ejecutivo vía la citada partida del Ramo 11, cuyo uso es para liquidar déficit en nómina estatal y compromisos adquiridos sin soporte presupuestal.
2. Transferencia de plazas estatales a la Federación. En un primer momento, 10 mil 973 plazas estatales con menos de 10 años de antigüedad y que significan un costo de 2 mil 111 millones de pesos al año, y en un segundo momento 6 mil 42 plazas, con antigüedad de 10 a 15 años y que representan un costo de mil 390 millones de pesos.
Además de un apoyo adicional para pago de bonos y prestaciones que asciende a mil 21 millones de pesos. El total de plazas a transferir serían 17 mil 15, con un costo anual de 3 mil 501 millones de pesos.
3. Reconciliación del FONE, pues en el año 2014 la Federación dio por concluido el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica suscrito en 1992, dando lugar al convenio de coordinación para la conclusión del proceso de conciliación de las plazas transferidas, que da origen al Fondo de Aportación para la Nómina Educativa y gasto operativo (FONE), dejando fuera en la conciliación de nómina 17 mil 15 plazas de Michoacán, incluidas 2 mil 710 plazas de telesecundarias, que generan un costo al estado de 3 mil 501 millones de pesos y mil 100 millones respectivamente. Por ello, la propuesta de hacer una nueva conciliación para que la Federación incluya las 17 mil 15 plazas con todo y prestaciones en el FONE.
4. Devolución de los servicios educativos de educación Básica, pues en virtud de que el estado de Michoacán no cuenta con los recursos económicos suficientes para el pago de la nómina del personal transferido, resulta imprescindible hacer uso de todos los recursos disponibles para el pago de compromisos salariales no reconocidos por la Federación, lo que ha impedido la inversión en el desarrollo económico y social del estado.
Esta situación hace que cada año se incremente el déficit en la finanzas estatales y por ello se recurre a la Federación para la gestión de recursos extraordinarios, por lo que se propone la realización de un nuevo convenio o acuerdo que regrese la aportación estatal a un 12% contra un 88% federal, o en su caso la devolución de la totalidad de los servicios y nomina educativa estatal, que representa 28 mil 764 plazas, con un costo anual de 6 mil 764 millones; 6 mil 316 escuelas y 66 mil 279 muebles.
Gracias por su atención. Estoy a sus órdenes.
